Por Pastor Juan Luis Calvo Calderón.
Ex Presidente Federación Alianza Evangélica Costarricense.

El ombudsman, defensor de los habitantes, (por extensión en nuestro país, La Defensoría de los Habitantes), es la persona o institución pública que defiende los derechos e intereses de todas las personas que habitan Costa Rica, y así está conceptualizado en nuestro ordenamiento jurídico.

Protege los derechos e intereses de cada habitante, ante las actuaciones irregulares que puedan cometer las instituciones públicas cuando brindan sus servicios. Por esta razón cuida que el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, a la justicia, a la Constitución Política, a las leyes y a los convenios internacionales vigentes. Otra de sus funciones principales es la de divulgar y promover los derechos que tienen los habitantes.

¿Pero a quién defiende la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica?  Todos en nuestro sector hemos sido alguna vez víctimas de los exabruptos de esta institución. Muchos hemos sido testigos de las presiones que la Defensoría ha ejercido sobre instituciones públicas que han mantenido la legalidad y el respeto de los derechos del sector evangélico.  Muchas han sido las ocasiones en que la Defensoría ha apoyado a un solo ciudadano, quien diciendo falsamente estar lesionado en algún derecho, pretende cerrar y ha cerrado, nuestras Iglesias y nuestros templos, aunque en ellos nos reunamos cien, doscientas o más personas, es decir, los principios de razonabilidad y proporcionalidad bien establecidos por nuestra Sala Constitucional, son totalmente inobservados por la Defensoría.  Para nuestra Defensora, y sus antecesores, la simple manifestación de un ciudadano se presume cierta, frente a la verdad o el testimonio de cien o más, otros ciudadanos.

El decir que las Iglesias Evangélicas por definición son bulliciosas, escandalosas y un problema para la comunidad, ha sido aun diseminado, o al menos compartido, por la Defensoría, quien lo ha mitificado, junto con otras instituciones o dependencias estatales.  Pero en esos casos uno se pregunta si es posible que estas instituciones y sus representantes sean tan miopes y a veces tan ciegos: ¿Podrán tapar con un dedo la labor social que hace nuestro sector; podrán ocultar el beneficio que representa para la sociedad el devolver un hombre o una mujer resocializados por haberse convertido a Cristo; podrán obviar la presencia de nuestros ministros y sus Iglesias transformando lugares y comunidades en donde ni aun la fuerza pública se atreve a ingresar; podrán pasar por alto nuestra capacidad de mover cada sábado y domingo en todo el país, gran cantidad de niños y adolescentes a fin de ofrecerles enseñanza bíblica y valores Cristo céntricos, gran aporte social, en el tanto que exime, o al menos aleja a estos niños y jóvenes de los vicios y todo otro tipo de flagelos que despedaza hoy nuestra niñez y juventud; podrán soslayar el hecho de la mejora en la economía e integración familiar que produce un milagro de sanidad, o un hombre o una mujer que deja el alcohol, las drogas, el adulterio y la vida loca y vuelve sano a su hogar?

Más del ochenta por ciento de las Iglesias en Costa Rica resultan ser comunidades de fe de no más de doscientas personas, quienes ejercen su libertad de opinión y de culto en la típica y tradicional área de lote de Costa Rica, unos ciento veinte a ciento sesenta metros cuadrados, suficientes para albergar una congregación de tal cantidad.  Pero qué inspira a la Defensoría a promover una iniciativa que lograría el cierre del ochenta por ciento de las Iglesias?  Será que los cristianos evangélicos no son habitantes con la categoría suficiente para que también sus derechos sean protegidos?  Cómo es posible que la propia Defensoría, sea el acusador y victimario, del sector evangélico?

En otrora publicación en el periódico La Nación, la Defensoría de los Habitantes plantea su apología en contra del proyecto de la FIV.  En toda su ponencia se inclina a defender el derecho de la mujer  y por rebote, el derecho de la pareja, de procrear, pero en ninguna parte de su exposición se atreve a velar y defender los derechos de la persona, que aunque todavía no nacida, no obstante ya es persona desde su concepción.  ¿Acaso no debería ser la labor más sublime del ombudsman, levantar la voz por aquel que todavía no la tiene, o no lo puede hacer por sí mismo?  ¿No subyace a su filosofía existencial la obligación de “defender los derechos e intereses de todas las personas”; que tan fácilmente olvida el derecho de aquellos por nacer en este mundo, aunque ya tienen vida dentro del seno materno?  ¿Por qué motivo o  motivos, hay tanta facilidad en la Defensoría de los Habitantes para despreciar la vida desde la concepción? ¿Cómo es posible que la Defensoría apoye que un hombre o una mujer, o la ciencia médica decidan cuándo una persona nace, o cuándo muere,  o que debe permanecer congelada al arbitrio de un tercero?  ¿Acaso eso no es un derecho de otra persona que nadie tiene derecho a tomar, ni mucho menos disponer?

Otro de los aspectos que llama la atención y vale la pena mencionar es el empeño de la Defensoría en defender a ultranza lo que algunos llaman derecho humano, -que no resulta más que ser un deseo carnal y aberración sexual-, muy a pesar y a contrapelo de los principios que forman e informan el ser costarricense, nuestra idiosincrasia y los valores de nuestra sociedad. Bien sabemos que hoy día se  levanta la bandera de los Derechos Humanos, para cometer cualquier atrocidad en contra de la misma humanidad. Cuando alguien tiene un deseo, un anhelo, una aberración, que va contra legem, que se levanta contra la sociedad, contra la naturaleza, normalmente se escuda en aquello que llama Derecho Humano, aunque tal conducta no lo sea ni por asomo.  Y en el caso del movimiento que pretende legitimar las uniones de personas del mismo sexo, la Defensoría se ha levantado aun en contra de la sociedad costarricense, defendiendo lo indefendible y apoyando lo que va contra toda ley, principio y valor, ya que incluso ninguna Carta Fundamental, ni Declaración Universal o Continental de  Derechos del Hombre o del Ciudadano o similar, ha reconocido, ni consagrado, ni reconocerá, ni consagrará nunca, la homosexualidad y el lesbianismo como un derecho humano.  Aceptar esta conducta contra natura, -ya que ninguna sociedad homosexual podría sobrevivir naturalmente-, podría abrir el camino para que en un futuro cercano se vayan aceptando, reconociendo y legitimando conductas tan antinaturales y contrarias a nuestros valores, como la necrofilia, la zoofilia, la pedofilia y hasta el incesto, dada la cauterización de la mente y la conciencia que poco a poco van sufriendo las personas y consecuentemente la sociedad.

En cuanto a la Educación Costarricense, el artículo tercero de la Ley Fundamental de Educación establece:

“Artículo 3.- Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará:
a) El mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la colectividad.
b) El desarrollo intelectual del hombre y sus valores, estéticos y religiosos.
c) La afirmación de una vida familiar digna, según las tradiciones cristianas, y de los valores cívicos de la democracia.
d) La transmisión de los conocimientos y técnicas, de acuerdo con el desarrollo psicológico de los educadores;
e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales.
f) El desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social.”

Nótese lo que subrayo en los inciso b) y c).  Acaso habrán leído los señores de la Defensoría de los Habitantes y la propia Defensora esta normativa, dada la presentación de su coadyuvancia negativa ante la Sala Constitucional, en contra de miles y miles de padres costarricenses que solicitan el respeto de su derecho de ejercer la Patria Potestad y particularmente la educación de sus hijos, mediante Recursos de Amparo?  La respuesta cae por su propio peso.  Esta parte de la Ley, ni ella, ni ellos, ni el Ministerio, ni el Ministro de Educación la defienden, ni mucho menos la hacen respetar.  Para no pensar mal, imaginemos que la desconocen.

Por eso pregunto, a quién defiende la Defensoría de los Habitantes, pues en los casos expuestos, se nota que no lo hace a favor de la verdad, la justicia, la razón, ni de los niños, los adolescentes, los jóvenes, ni las minorías que desde siempre han querido mancillar, ni es consecuente con los valores y principios propios de nuestra sociedad y del ser costarricense.

Es tiempo que solicitemos y exijamos cuentas a quienes deben entregarlas debidamente, pero también es tiempo de levantar la voz con todo respeto y con vehemencia:  Queremos una sociedad sana, pura, de principios y valores cristianos, tal y como lo han propuesto nuestros antepasados desde vieja data, nos resistimos a sucumbir frente a las ideas del secularismo y el humanismo, así como de la nueva era.

Seguimos trabajando para que en Costa Rica, Jesucristo sea honrado y levantado como Rey de reyes y Señor de señores.  Es una de nuestras tareas y jamás nunca, renunciaremos a ella.

Que desde ya lo sepan.

Pastor Juan Luis Calvo Calderón.
Ex Presidente Federación Alianza Evangélica Costarricense.